El principio de autonomía establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga protección constitucional a la universidad pública, con la finalidad de que pueda cumplir con su obligación y responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios una educación superior de calidad, dotándola de las facultades de autogobierno, autorregulación, auto organización académica y autogestión.
La facultad de autorregulación se ejerce a través de la aplicación de los procesos de calidad regulativa:
