Durante la mesa redonda nacional “Políticas públicas y discapacidad desde distintas ópticas”, organizada como parte de la reunión que llevan a cabo los integrantes del proyecto MUSE en la Universidad de Colima, tres de los cuatro expertos invitados coincidieron en la necesidad de que no sólo haya una legislación sobre estos temas, sino que también se cumpla.

En esta mesa, realizada en el auditorio “Carlos de la Madrid” del campus central, participaron Meritxell Calbet Montcusí, coordinadora del Proyecto Internacional MUSE y directora de Cooperación Internacional de la Universidad de Viña del Mar (UVM), en Chile; Jesús Eduardo Toledano Landero, presidente de la Fundación DIME de México; Vicente Reyna Pérez, secretario del Trabajo y Previsión Social de Colima y Roberto Villers Aispuro, director académico de la ANUIES.

Merixtell Calbet explicó que el proyecto MUSE, financiado por la Unión Europea, surgió para apoyar a construir las políticas públicas sobre discapacidad desde las instituciones de educación superior. Dijo que un 15 por ciento de la población tiene alguna discapacidad y que esas personas son quienes tienen peores resultados en educación y servicios de salud, así como una alta tasa de pobreza, por eso MUSE busca apoyarlos desde el punto de vista social, económico y sobre todo educativo.

Además, dijo, este proyecto considera la inclusión en las universidades socias, que son regionales, desde una visión internacional. Busca mejorar el acceso a los estudios superiores de quienes tienen alguna discapacidad, generar estrategias de largo plazo para el acceso y la permanencia de alumnos con discapacidad en el sistema y establecer una red internacional para incrementar el intercambio y aprendizaje sobre el tema.

MUSE tendría éxito, añadió, si consigue que los países se comprometan a adoptar una legislación apropiada, si se genera o mejora la infraestructura para gente con discapacidad, si se apoya la educación inclusiva a largo plazo y si en la práctica se cumple con la legislación. El gran desafío para las instituciones educativas, finalizó, “es generar un cambio positivo en este tema a nivel país, la capacitación en competencias laborales, mejorar la vinculación con el sector público y privado y apoyar para que se cumpla la legislación”

En su intervención, Jesús Eduardo Toledano recordó que uno de los grandes logros de los últimos años “es no ver a los discapacitados como personas enfermas, sino como seres humanos con derechos”. Dijo, además, que la inclusión y la equidad no sólo deben aplicarse a personas con discapacidades motoras, auditivas o visuales, sino también a gente con ciertas desventajas, como son los grupos indígenas o los pobres. El objetivo, aseguró, “es cambiar el tema de la Educación Especial por el de la Inclusión Educativa”.

Para él, “el desempleo es el mayor problema de las personas con discapacidad, por eso es importante la educación, para darles una mejor preparación”. En este sentido, comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo no sólo debe figurar un apartado para la inclusión, sino que ésta debe ser transversal a todas las acciones y objetivos.

Compartió también que las políticas públicas “son procesos que evolucionan y que requieren tiempo para madurar y ofrecer resultados a las personas. No son algo mágico”. Su idea es no sólo tener una legislación, sino que también las universidades se comprometan con el tema. Hoy, añadió, “la UdeC puede ser el detonante porque hay conocimiento, voluntad y ganas de que la inclusión pueda permear esferas públicas”.

Vicente Reyna habló del Servicio Nacional de Empleo, que tiene más de 160 oficinas en el país, y cómo el gobierno, desde instancias como ésta, busca ayudar a quienes no tienen trabajo, a que los jóvenes tengan al menos una experiencia laboral y que además se ofrezcan estímulos fiscales a quienes contraten a personas con discapacidad y adultos mayores.

El último en participar fue Roberto Villers, quien estuvo en representación de Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES. Él habló de como nuestro país, siguiendo tendencias marcadas por la UNESCO, ha ido enfocando desde 1998 distintas políticas en sus políticas educativas, desde la idea de aprender para la vida hasta el tema de la responsabilidad social con calidad, pasando por el de una sociedad del conocimiento.

Ahora, derivado de la responsabilidad social, se quiere lograr un México incluyente y con educación de calidad para todos. Recordó que desde 2005, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) preparó un “Manual para la integración de personas con discapacidad en las Instituciones de Educación Superior”, que en 2007 el gobierno federal aceptó dicha política, y que en el 2012 se preparó el documento “Inclusión con responsabilidad social” para dárselo a los candidatos a la presidencia del país.

Lo más nuevo, añadió, es la idea del Campus Responsable, donde las universidades no sólo tienen que pregonar lo que hacen sobre el tema de inclusión o la responsabilidad social, sino que tienen que ser ejemplo de estas prácticas. “No se puede decir que se es incluyente, por ejemplo, si no se ha modificado la infraestructura. Hay que convencer con el ejemplo y trabajar en equipo y de manera coordinada”.

Al final, el rector José Eduardo Hernández Nava, acompañado por Alicia López de Hernández, directora general del CEDEFU y coordinadora del proyecto MUSE en la UdeC, subió al escenario para entregar constancias a los participantes.

El evento fue moderado por el profesor-investigador José del Río Valdivia, de la Universidad de Colima, y entre el público estuvo también Marina Alfaro de Anda, que es la directora general del DIF en Colima. Además, asistieron representantes de organizaciones que trabajan por mejorar la situación de personas con discapacidad, así como funcionarios de la Universidad de Colima.